La ética aplicada a la función pública es de vital importancia porque tiene como eje central la idea de servicio, es decir, las tareas y actividades que realizan los funcionarios públicos están orientadas al bien común. La
ética de la función pública es la ciencia del buen comportamiento en el servicio a la ciudadanía, es además un importante mecanismo de control de la arbitrariedad en el uso del poder público, un factor vital para la
creación y el mantenimiento de la confianza en la administración y sus instituciones. Por tanto, es un factor clave para elevar la calidad de la administración pública mediante la conducta honesta, eficiente, objetiva e
íntegra de los funcionarios en la gestión de los asuntos públicos.
La ética presenta una serie de
particularidades que la hacen un tema complejo, cuya evaluación y auditoría
conlleva un alto grado de complejidad. A partir de ello, el evaluador debe
poseer la competencia y la pericia profesional requeridas, características que en
el tema de la ética revisten principal importancia.
La auditoría de la ética no es una simple
verificación de lo actuado por la administración, por el contrario, va más allá
de comprobar la existencia de mecanismos formales, siendo necesario realizar
valoraciones sobre la cultura ética y las diversas manifestaciones y
comportamientos.
En algunas instituciones como parte del
ambiente de control, pueden haberse realizado esfuerzos para avanzar en el tema
de la ética, mediante la definición de principios y valores y la instauración
de mecanismos orientados a incorporarlos como parte de las rutinas
organizacionales; sin embargo, en otras es posible que el tema siga siendo
únicamente algo abstracto que se percibe en el ambiente. Al respecto, con la
auditorías de la ética se tiene el desafío de promover, en primera instancia,
una mayor conciencia y sensibilización sobre el tema, para que a partir de
ello, sea posible identificar los mecanismos existentes y su efectividad, e
instaurar otros en forma paulatina.
La auditoría pública es una herramienta fundamental del Sistema Integral de Control y Evaluación de la Gestión Pública, ya que permite conocer la forma en que las dependencias y entidades de la Administración Pública realizan su gestión. A través de las auditorías que efectúan las diversas instancias de fiscalización, se obtienen los hechos que conllevan a medir el grado de eficiencia, eficacia y economía con que se han administrado los recursos humanos, materiales y presupuestarios, así como el cumplimiento de sus metas, sus objetivos y su marco legal aplicable, emitiendo las recomendaciones correctivas y preventivas pertinentes a cada desviación encontrada, lo que incluye el financiamiento de las responsabilidades que procedan.
La auditoría para que tenga credibilidad, debe realizarse cubriendo una serie de requisitos que enmarcan la actuación del auditor y que se conocen bajo el nombre de Normas de Auditoría.
Las Normas Generales de Auditoría Pública, establecen los requisitos mínimos que deberá observar el auditor público en el desahogo de sus programas de auditoría, con el propósito de contribuir al proceso de cambios estructurales que vive y demanda el país vigilando el uso eficiente de los recursos públicos y el cumplimiento oportuno, transparente y veraz del rendimiento de cuentas a la ciudadanía.
Por lo anterior, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo ha considerado conveniente actualizar, ampliar y complementar las anteriores Normas Generales de Auditoría Pública, con el propósito de continuar avanzando hacia un mejoramiento continuo en su quehacer administrativo.
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